Por la corrupción de sus dirigentes, Cartagena no ha sido capaz de proteger su Patrimonio Mundial

 Colombia tiene plazo hasta julio del año 2021 para reportar la demolición del edificio Aquarela en Cartagena.

Declarada como patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, esta ciudad, que durante siglos fue un puerto vital para los colonizadores españoles que fundaron la ciudad en 1533 —y que la tuvieron bajo su dominio durante más de 275 años—, podría perder su estatus como patrimonio si no cumple con las condiciones de la organización.

Pero todo este patrimonio se puede venir abajo debido a los cinco edificios de unos 30 pisos llamado «Aquarela», que la Unesco ha recomendado desde 2017 derribar, pues su construcción «perturbaría y destruiría… la relación histórico visual y simbólica existente entre el castillo y sus alrededores».

Así, ante la comunidad internacional se demostraría que el país no ha sido capaz de manejar un patrimonio mundial.

Riguroso nivel de protección

El hecho de que el Centro Histórico de Cartagena, sus fuertes y murallas hayan sido elegidos como Patrimonio Mundial exige un nivel de protección mucho más alto que otros lugares, ya que va más allá del reconocimiento nacional debido a que tiene una implicación para toda la humanidad.

En última instancia, si Colombia no logra salvaguardar el patrimonio perdería para siempre la categoría, situación que ha pasado solo tres veces en la historia de la Unesco. Entre estos casos está el Valle de Elba, en Alemania, que dejó de ser patrimonio de la Humanidad por construir un puente y el Santuario del Oryx, en Oman, que perdió su estatus porque prefirió reducir el 90% de la zona protegida.

En 2017, la Procuraduría general de Colombia le pidió a un juez de Cartagena «suspender de manera inmediata» la construcción del proyecto para proteger «los derechos e intereses superiores» del país. En abril de 2018, la Procuraduría suspendió a tres funcionarios públicos por presuntas irregularidades presentadas en la construcción del edificio Aquarela.

Actualmente el caso se enfrenta cuatro procesos legales para determinar responsabilidades en el otorgamiento de la licencia.

“No debió haber obtenido una licencia de construcción y la única opción para devolverle a la ciudad el espacio público que invadió es demoliéndolo: Procuraduría”.