De acuerdo con los 18 interrogantes plateados por el procurador Fernando Carrillo, el préstamo ofrecido a Avianca adolece de grandes fallas jurídicas y técnicas para el otorgamiento de un préstamo, comenzando porque se está ofreciendo a una compañía extranjera.
“Surgen de allí
varios interrogantes: ¿Fueron consideradas otras alternativas con cálculos y
proyecciones? ¿Cuenta el gobierno nacional con un soporte idóneo para la
decisión que anunció? Si ello es así ¿Por qué no ha sido conocido dicho soporte
técnico y financiero por el país? ¿Cómo asegurará el gobierno nacional que este
objetivo de interés nacional se cumpla? ¿Como garantizará que los dineros se
destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar? ¿Cómo
determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en
que se basó? ¿Estimó su término de duración? ¿A qué entendimiento llegó con los
acreedores mayoritarios al comprometer estos sustanciales recursos públicos?”.
Insistió, además, “¿Ofrecerán los accionistas o los
acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado colombiano va a
aportar a Avianca? ¿Asumieron los accionistas o los acreedores algún compromiso
correlativo al del gobierno nacional? ¿Se asumieron compromisos adicionales, en
particular en cuanto a la permanencia de la actual administración, la llegada
de una nueva, o el regreso de anteriores administradores, cuya situación legal
debería aclararse antes de permitírseles reasumir el control de una empresa
parcialmente financiada con dinero del Estado? ¿Cómo serán los desembolsos y
cuál será la ley aplicable a los mismos -nacional o extrajera-? ¿Qué incidencia
fiscal tendrán? ¿Cuál será el mecanismo de acompañamiento que establecerá el
gobierno nacional a esta operación para que los recursos se destinen a lo que
debe ser? ¿Va a haber créditos similares para otras aerolíneas en momentos en
que se debe mantener la competencia en sectores estratégicos?”.
“El Ministerio Público considera necesario no olvidar que el
objetivo de esta operación no es realmente rescatar a una empresa específica ni a empresario o
accionista alguno de la quiebra, sino garantizar la continuidad en la prestación de un servicio, la conectividad
aérea de los colombianos y la actividad económica en general, es decir, el
objetivo estatal es proteger una actividad de interés nacional.
La Procuraduría
General de la Nación cree que el gobierno nacional debe responder de cara a la
ciudadanía todos estos interrogantes, antes de continuar con
esta operación y realizar desembolsos de dineros en el proceso de reorganización de Avianca Holdings”.